El gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto, ha subrayado los beneficios de la mediación penal en la integración social y la rehabilitación de drogodependientes que tienen o han tenido algún tipo de incidencia legal o judicial, y que en el caso de la población atendida en los Centros de Atención a las Adicciones (CADs) del Ayuntamiento de Madrid supone un 37%.
En una jornada celebrada el 31 de mayo, organizada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y en la que intervinieron altos cargos de la Judicatura –entre ellos, el presidente del Tribunal de Justicia de Madrid, Francisco Javier Viera, el juez decano de los Juzgados de Madrid, Antonio Viejo, y la magistrada del Consejo del Poder Judicial, Ana Carrascosa–, Prieto puso de relieve que las incidencias legales suponen una dificultad más a tener en cuenta en el proceso integrador de las personas drogodependientes.
“La mediación, como medio para la resolución de conflictos”, subrayó Antonio Prieto, “permite introducir elementos educativos y preventivos, facilitando reparar el daño ocasionado a la víctima y la asunción de responsabilidades sobre su conducta y sobre su vida, lo que constituye uno de los objetivos y de los pilares en los que se asienta el tratamiento”. Añadió que “la colaboración entre la Administración de Justicia, los equipos terapéuticos, las asociaciones, las víctimas y la sociedad en su conjunto es esencial si queremos avanzar en este campo tan complejo”.
“Entre 1999 y 2011”, explicó Prieto, “desarrollamos un Servicio de Mediación entre Víctima e Infractor drogodependiente, y en 2017 hemos reanudado, esta vez con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, un programa específico de mediación penal con el objetivo de impulsar la justicia restaurativa que posibilite la reparación del daño entre drogodependientes infractores y víctimas, con los beneficios jurídico penales que ello comporta”.
El Instituto de Adicciones de Madrid Salud cuenta, además, con un Servicio de Asesoramiento a Jueces y Atención al Detenido (SAJIAD) en los Juzgados de Plaza Castilla que realiza asesoramiento técnico no vinculante a jueces y demás profesionales de la Justicia en materia de adicciones, en intervención con personas penadas por delitos contra la salud pública y en dispensación de metadona a personas detenidas que así lo tengan prescrito.
Según datos ofrecidos en la jornada, en el 87% de casos en los que se ha recurrido a la mediación penal para resolver el conflicto ha habido acuerdo.
El gerente Antonio Prieto estuvo acompañado por Beatriz Mesías, subdirectora del Instituto de Adicciones.
